En una victoria contra crímenes corporativos, las familias de los asesinados por escuadrones de la muerte de paramilitares colombianos pueden proceder con una demanda en una corte federal en EE.UU. contra ex ejecutivos de Chiquita. Ayer, el juez Kenneth Marra del Distrito del Sur de Florida dictaminó que, de acuerdo con las alegaciones de los demandantes, “ganancias tomaron prioridad sobre el bienestar humano básico” en la decisión de financiar los escuadrones de la muerte por los ejecutivos de la compañía bananera, a pesar de saber que esto avanzaría la campaña violenta de los paramilitares.

EarthRights International (ERI) presentó una demanda contra Chiquita en 2007 en nombre de las víctimas y los familiares sobrevivientes de miles de aldeanos, líderes laborales, y organizadores comunitarios que fueron asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después de que Chiquita se declaró culpable frente la penal federal por financiar y proporcionar apoyo material a la AUC, una organización terrorista. En 2012, las víctimas demandaron a varios ejecutivos de Chiquita que participaron en el régimen de financiación ilegal.

“Las corporaciones no actúan sin individuos,” dijo Marco Simons, asesor general legal de ERI, y abogado de los demandantes. “La decisión del tribunal asegura que estos individuos, cuya alegada conducta facilitó la existencia de un régimen de terror, no pueden esconder sus malas acciones.”

La demanda colectiva, Doe v. Chiquita, alega que en el transcurso de varios años, Chiquita y sus ejecutivos – incluyendo los ex Directores Generales, y los Abogados en Jefe y Directores Generales – hicieron o aprobaron pagos ilegales a la AUC totalizando aproximadamente $ 1.7 millones de dólares mientras sabían que estaban financiando una organización designada como terrorista. (Véa el Apéndice, a continuación, para obtener información sobre los cargos contra cada acusado individual).

Los acusados ​​trasladaron a desestimar la demanda por numerosos motivos, entre ellos que los demandantes no habían demostrado que estaban involucrados personalmente en una conducta ilícita, y porque los abusos pasaron en el extranjero. El Juez Marra rechazó estos argumentos, permitiendo que la demanda continúe contra todos los acusados ​​en la demanda de ERI. El juez también rechazó el argumento que alega que los demandantes tienen otros recursos “adecuados y disponibles” en Colombia, basándose en parte en evidencia de los demandantes que demuestra que un litigio en Colombia sería demasiado peligroso debido al riesgo permanente de represalias violentas. Chiquita perdió una solicitud parecida que buscó desestimar los reclamos contra ella en 2011.

Además de ERI, los demandantes están representados por los abogados de Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC y Schonbrun Seplow Harris & Hoffman LLP, y los abogados de Judith Brown Chomsky, Arturo Carrillo, y John DeLeon.