Esta semana, ERI se unió a organizaciones indígenas y otras asociadas en una solicitud de medidas precautorias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el serio riesgo de violaciones al derecho a la vida, específicamente de los niños y niñas, derivado de los últimos derrames de petróleo ocurridos en la Amazonia norte del Perú.

Pedimos a la Comisión que asegure que el gobierno peruano lleva adelante con responsabilidad la remediación de los derrames, suspenda las operaciones del Oleoducto Norperuano hasta que reciba un mantenimiento adecuado, y provea atención de salud a las comunidades afectadas.

También requerimos al gobierno peruano que con urgencia garantice el acceso a alimentos y agua limpia para las poblaciones afectadas, y al Ministerio de Energía y Minas que garantice que los productos utilizados para la limpieza no suponen algún riesgo adicional para las comunidades y el medioambiente.

La Comisión puede emitir medidas precautorias ante una amenaza urgente de daño irreparable para la población, como cuando la vida humana corre peligro. En este caso, las amenazas son en primer lugar a las comunidades afectadas por los derrames y quienes llevaron adelante trabajos de limpieza y ahora reportan problemas de salud, particularmente los niños. El Ministerio de Salud del Perú debe proveer atención médica urgente a las personas contaminadas por estos incidentes, priorizando a las mujeres y los niños y niñas.

La solicitud de medidas cautelares fue encabezada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con el aporte de un amplio grupo de organizaciones, incluyendo de los pueblos indígenas, como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía norte del Perú (ORPIAN-P), que representa a 365 comunidades indígenas en las regiones de Amazonas y Cajamarca; la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de la cuenca San Pablo de Tipishca (Acodecospat); los líderes indígenas de Cuninico; el Gobierno Territorial Wampis; y diversas organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS), y EarthRights International. 

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